La administración de Claudia Sheinbaum se encuentra en una encrucijada comercial histórica. El Presupuesto 2026, que será presentado antes del mediados de septiembre, incluirá incrementos significativos en los aranceles a productos chinos, una medida que responde tanto a presiones geopolíticas como a necesidades económicas internas. Esta decisión marca un punto de inflexión en la política comercial mexicana y podría redefinir el panorama manufacturero de América del Norte.
La estrategia gubernamental va más allá de simples ajustes arancelarios. Se trata de una reconfiguración integral que busca equilibrar las demandas estadounidenses, proteger la industria nacional y generar ingresos adicionales para las arcas públicas. Los sectores automotriz, textil y de plásticos serán los principales afectados por estas nuevas medidas, en lo que representa el cambio más significativo en la política comercial bilateral México-China de los últimos años.
Las fuentes cercanas al proceso de elaboración presupuestaria revelan que la propuesta contempla un enfoque gradual pero decidido. No se trata únicamente de China; otros países asiáticos también enfrentarán ajustes arancelarios, lo que sugiere una reorientación más amplia de la política comercial mexicana hacia la región del Pacífico. Esta movida estratégica refleja el complejo equilibrio que debe mantener México entre sus compromisos regionales y las realidades del comercio global.
Aranceles en México: Un panorama de transformación comercial
El sistema arancelario mexicano está experimentando su mayor transformación en décadas. Tradicionalmente, México ha mantenido una postura relativamente abierta hacia las importaciones chinas, con aranceles que oscilaban entre el 10% y 20% en la mayoría de sectores. Sin embargo, la nueva realidad geopolítica exige una recalibración de esta estrategia.
La presión estadounidense no es un fenómeno nuevo, pero ha alcanzado niveles sin precedentes bajo la administración Trump. La amenaza de aranceles del 25% a productos mexicanos que no están cubiertos por el T-MEC ha acelerado las discusiones internas sobre cómo responder a estas demandas sin comprometer la soberanía comercial del país.
El concepto de “Fortaleza Norteamérica”, promovido por funcionarios mexicanos y respaldado por el secretario del Tesoro estadounidense Scott Bessent, representa una nueva visión de la integración regional. Esta propuesta busca crear un bloque comercial más cohesivo que limite la penetración de productos chinos mientras fortalece las cadenas de suministro trilaterales entre Estados Unidos, México y Canadá.
La industria automotriz ejemplifica claramente estos desafíos. México se ha convertido en el principal destino global de vehículos chinos, superando incluso a Rusia en 2024. Esta posición privilegiada en el mercado chino contrasta dramáticamente con la política estadounidense, donde los aranceles del 100% a vehículos eléctricos chinos y las prohibiciones de software han creado una barrera prácticamente infranqueable.
La revisión del T-MEC programada para mediados del próximo año añade una dimensión adicional de complejidad. México debe navegar cuidadosamente entre mantener su atractivo como destino de inversión china y preservar su relación comercial más importante con Estados Unidos. Esta delicada danza diplomática requerirá habilidades negociadoras excepcionales y una visión estratégica clara del futuro comercial del país.
Aumento de aranceles: Impactos y consecuencias multidimensionales
El incremento arancelario propuesto por la administración Sheinbaum tendrá ramificaciones que van mucho más allá de simples ajustes de precios. En primer lugar, representa una oportunidad de generar ingresos adicionales para un gobierno que enfrenta el déficit presupuestario más alto desde los años 80, herencia de los ambiciosos proyectos de infraestructura de la administración anterior.
Los sectores más afectados experimentarán transformaciones estructurales significativas. En el sector automotriz, los consumidores mexicanos podrían enfrentar precios más elevados para vehículos chinos, lo que podría beneficiar tanto a fabricantes nacionales como a empresas estadounidenses con presencia en México. Sin embargo, esto también podría reducir las opciones disponibles para consumidores que han encontrado en los productos chinos una alternativa accesible y tecnológicamente competitiva.
La industria textil y de plásticos enfrentará desafíos particulares. Estos sectores han dependido históricamente de insumos chinos competitivos para mantener sus márgenes de rentabilidad. Los nuevos aranceles podrían forzar una diversificación de proveedores hacia otros países asiáticos o hacia fuentes regionales, lo que podría incrementar costos iniciales pero también crear oportunidades para proveedores locales.
El Plan México, iniciativa central del gobierno de Sheinbaum, podría verse significativamente beneficiado por estos cambios arancelarios. La protección adicional a la industria nacional creará un entorno más favorable para la inversión en parques industriales y proyectos manufactureros domésticos. Esta sinergia entre política comercial y desarrollo industrial podría acelerar la diversificación económica del país.
Sin embargo, los riesgos no son menores. China podría responder con medidas recíprocas que afecten las exportaciones mexicanas, particularmente en sectores como el agropecuario y minero, donde México mantiene ventajas competitivas importantes en el mercado chino. La escalada comercial bilateral podría tener consecuencias imprevistas que requieran ajustes posteriores en la estrategia gubernamental.
La implementación de estos cambios requerirá una coordinación excepcional entre diferentes instancias gubernamentales. La Secretaría de Economía deberá trabajar estrechamente con la Secretaría de Hacienda para garantizar que los nuevos aranceles se traduzcan efectivamente en ingresos adicionales sin crear distorsiones comerciales excesivas. Simultáneamente, será crucial mantener canales de diálogo abiertos con el sector privado para minimizar disrupciones operativas durante la transición.
El éxito de esta estrategia dependerá en gran medida de la capacidad del gobierno para comunicar efectivamente los beneficios de largo plazo de estos cambios, mientras gestiona las inevitables presiones de corto plazo de consumidores y empresas que verán incrementados sus costos inmediatos.
