Una decisión que sacude el mercado azucarero llegó este lunes 10 de noviembre: México estableció aranceles de entre 156% y 210% a las compras de azúcar provenientes del exterior. La medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación y vigente desde el martes 11 de noviembre, representa uno de los ajustes más agresivos en política comercial de los últimos años.
El decreto presidencial surge como respuesta directa a la tormenta perfecta que enfrenta la agroindustria cañera mexicana: precios internacionales en caída libre, mercados inundados de producto importado y productores nacionales al borde de la quiebra. Las autoridades federales advierten que la cadena productiva completa —desde el campo hasta los ingenios— está en riesgo si no se actúan medidas de choque inmediatas.
La saturación del mercado doméstico con azúcar extranjera más barata había comenzado a desplazar la producción local, poniendo en jaque no solo la rentabilidad de los ingenios, sino la supervivencia económica de miles de familias que dependen del cultivo de caña. Los aranceles previos, explica el gobierno, resultaron insuficientes para contener esta avalancha comercial que amenazaba con desmantelar décadas de desarrollo agroindustrial.
Arancel de azúcar: Categorías y niveles de protección
La estructura de los nuevos gravámenes no es uniforme. El gobierno federal diseñó un sistema diferenciado según el tipo de producto, estableciendo dos grandes categorías con cargas tributarias distintas que reflejan el nivel de procesamiento y competencia con la producción nacional.
El azúcar líquida refinada y el azúcar invertido reciben el golpe más contundente: un arancel de 210.44%, prácticamente triplicando su costo de entrada al país. Esta categoría incluye productos altamente procesados que compiten directamente con la oferta industrial mexicana y que habían ganado terreno en sectores como la industria alimentaria y de bebidas.
Por su parte, los azúcares de remolacha y caña —incluyendo aquellos con aromatizantes o colorantes añadidos, con contenido superior o igual al 90% en peso— enfrentarán un arancel del 156%. Esta categoría abarca también jarabes aromatizados, colorantes y otros derivados que representan una amenaza para los productores tradicionales de azúcar estándar.
El documento oficial señala que los aranceles anteriores, establecidos bajo el principio de “trato de nación más favorecida”, quedaron rebasados por la realidad del mercado. La caída en los precios globales del dulce convirtió esos gravámenes en letra muerta, permitiendo que toneladas de azúcar extranjera entraran al país con ventajas competitivas insostenibles para los productores mexicanos.
La medida no solo busca encarecer las importaciones, sino enviar una señal clara: México defenderá su agroindustria cañera con todas las herramientas comerciales disponibles. Los ingenios nacionales, que representan empleos directos e indirectos para cientos de miles de mexicanos, recuperan así un respiro en medio de una crisis que amenazaba con volverse terminal.
Importación de azúcar en México: Contexto y consecuencias
La decisión de blindar la frontera comercial para el azúcar no ocurre en el vacío. México atraviesa un momento crítico en su política de salud pública relacionada con el consumo de azúcares, lo que añade otra dimensión al debate sobre aranceles y comercio exterior.
El Congreso de la Unión aprobó recientemente una reforma al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, estableciendo un sistema de gravámenes diferenciados para bebidas azucaradas. Las que contengan azúcares añadidos pagarán 3.0818 pesos por litro, mientras que las versiones con edulcorantes no calóricos enfrentarán una cuota de 1.50 pesos por litro.
Este incremento de casi 87% respecto a la cuota actual de 1.6451 pesos por litro representa un cambio radical en la política fiscal del sector. Las autoridades sanitarias justifican la medida argumentando que buscan migrar a la población hacia opciones más saludables, ante la epidemia de obesidad y diabetes que coloca a México entre los primeros lugares mundiales en estos padecimientos.
La industria refresquera ya comenzó a adaptarse. Coca-Cola, por ejemplo, anunció una reducción del 30% en el contenido de azúcar de su portafolio para 2026, apostando fuerte por sus versiones sin azúcar como estrategia de mercado. Sin embargo, la transformación no será sencilla ni indolora.
Especialistas en salud pública y organizaciones civiles mantienen posturas encontradas. Mientras algunos celebran el gravamen como un paso necesario para desincentivar el consumo excesivo de azúcar, otros advierten que el impacto recaerá desproporcionadamente sobre las familias de menores ingresos, quienes destinan un mayor porcentaje de su gasto a este tipo de productos.
La combinación de aranceles a la importación y nuevos impuestos internos dibuja un escenario complejo para el azúcar en México. Por un lado, se protege la producción nacional de la competencia desleal; por otro, se busca reducir el consumo doméstico por razones de salud. La contradicción aparente plantea interrogantes sobre el futuro de la agroindustria cañera: ¿podrá sobrevivir en un mercado interno que el propio gobierno intenta contraer?
Los próximos meses serán cruciales para evaluar si esta política dual —protección comercial y restricción fiscal— logra equilibrar los intereses de los productores nacionales con los objetivos de salud pública, o si por el contrario genera distorsiones que compliquen aún más el panorama para todos los actores involucrados en la cadena del azúcar mexicana.
