La aviación comercial entre México y Estados Unidos enfrenta su mayor crisis en décadas. El Departamento de Transporte estadounidense, bajo la dirección de Sean Duffy en la administración Trump, ha implementado una serie de medidas restrictivas contra México por presunto incumplimiento del Acuerdo de Transporte Aéreo bilateral de 2015.
El epicentro del conflicto radica en las decisiones operativas tomadas por las autoridades mexicanas desde 2022, particularmente el traslado forzoso de operaciones de carga aérea desde el Aeropuerto Internacional Benito Juárez hacia el Felipe Ángeles (AIFA), ubicado a más de 48 kilómetros de distancia. Esta reubicación, junto con la reducción de espacios aéreos disponibles para aerolíneas extranjeras, ha desatado una respuesta contundente desde Washington.
Estados Unidos acusa al gobierno mexicano de imponer medidas unilaterales y actuar con “desprecio” hacia un tratado firmado en 2015, mientras que México alega razones operativas que EU considera insuficientemente justificadas. La tensión escaló cuando las autoridades norteamericanas establecieron un ultimátum con fecha límite del 29 de julio de 2025 para que México revierta o justifique adecuadamente estos cambios.
Las medidas punitivas implementadas por Estados Unidos incluyen tres acciones principales: la obligación de todas las aerolíneas mexicanas de presentar sus planes de vuelo para aprobación previa del DOT, la prohibición de vuelos charter de gran capacidad sin autorización específica, y la posible eliminación de la inmunidad antimonopolio entre Delta y Aeroméxico.
Transporte de carga en México: Un sector en transformación forzada
El sector del transporte aéreo de carga en México atraviesa una reconfiguración compleja que ha generado fricciones internacionales. La decisión gubernamental de concentrar las operaciones de carga en el AIFA responde oficialmente a la saturación del aeropuerto capitalino, pero ha creado una serie de desafíos logísticos inesperados.
El núcleo del conflicto se centra en que las autoridades aeronáuticas mexicanas no han permitido a las aerolíneas estadounidenses realizar vuelos de carga domésticos, limitando significativamente la competitividad del mercado. Esta restricción ha afectado particularmente a carriers especializados en transporte de mercancías que operaban rutas eficientes desde el Benito Juárez.
El impacto económico se traduce en sobrecostos millonarios para el sector. Las empresas de carga reportan incrementos sustanciales en tiempos de tránsito, costos de combustible adicionales por las distancias extendidas, y complicaciones en la cadena de suministro que afectan especialmente a mercancías perecederas y productos de alta urgencia.
La infraestructura del AIFA, aunque moderna, presenta limitaciones operativas para el manejo eficiente de grandes volúmenes de carga. Los tiempos de procesamiento se han extendido, los costos de transporte terrestre hacia centros de distribución han aumentado, y la conectividad con rutas internacionales establecidas ha sufrido interrupciones significativas.
Aerolíneas como Volaris y representantes de la CANAERO mantienen una postura optimista, confiando en alcanzar un “acuerdo lógico y mutuamente beneficioso” que permita restaurar la fluidez operativa sin comprometer la soberanía en las decisiones de infraestructura aeroportuaria.
Relación comercial de México con Estados Unidos: Más allá de la aviación
La disputa aérea entre ambos países trasciende el ámbito del transporte para convertirse en un símbolo de las tensiones comerciales más amplias en la región. El mercado bilateral tiene un tamaño estimado de 9.9 mil millones de dólares anuales solo en el segmento de vuelos comerciales, sin contabilizar las operaciones de carga, lo que dimensiona el alcance económico del conflicto.
La relación comercial México-Estados Unidos ha experimentado transformaciones significativas desde la renegociación del TLCAN, ahora T-MEC, y las políticas comerciales de la administración Trump han introducido nuevos elementos de tensión. El sector aeronáutico se suma a otros ámbitos donde las diferencias en interpretación de acuerdos bilaterales han generado disputas.
La estrategia “América Primero” implementada por Washington busca garantizar condiciones de competencia que favorezcan a las empresas estadounidenses, pero también refleja una aproximación más confrontativa hacia socios comerciales tradicionales. México, por su parte, defiende su derecho soberano a tomar decisiones sobre su infraestructura aeroportuaria basándose en criterios técnicos y de seguridad operacional.
Las implicaciones de esta disputa se extienden hacia otros sectores de la economía binacional. Las cadenas de suministro integradas entre ambos países dependen crucialmente de la eficiencia del transporte aéreo de carga, especialmente para productos manufacturados, componentes electrónicos y mercancías de alto valor agregado.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado una postura de diálogo constructivo, aunque manteniendo firmeza en las decisiones de política aeroportuaria. Su administración argumenta que el traslado al AIFA responde a necesidades operativas reales del aeropuerto Benito Juárez, que había alcanzado su capacidad máxima de operación.
El desenlace de esta disputa marcará precedentes importantes para futuras negociaciones bilaterales y podría influir en la dinámica comercial más amplia entre ambas naciones. La resolución requerirá equilibrar los intereses comerciales legítimos de ambos países con el respeto a la soberanía en decisiones de infraestructura nacional, estableciendo un marco que permita la competencia justa sin comprometer la capacidad de cada nación para gestionar sus recursos aeroportuarios según sus propias prioridades estratégicas.
