La tragedia que estremeció a la Ciudad de México el pasado 10 de septiembre aún resuena en la memoria colectiva. Una pipa cargada con casi 50 mil litros de gas LP volcó en el puente La Concordia, en Iztapalapa, desatando una cadena de explosiones que cobró 31 vidas y dejó a 53 personas heridas. Ese día, las autoridades capitalinas comprendieron que los protocolos existentes eran insuficientes. La respuesta no se hizo esperar: un paquete de 13 medidas sin precedentes que transformará radicalmente la forma en que circulan las sustancias peligrosas por las vialidades de la capital.
Explosión de pipa: el detonante de un cambio histórico
Aquel martes de septiembre, el puente La Concordia se convirtió en escenario de horror. La pipa, que transportaba 49,500 litros de gas LP, volcó liberando una inmensa nube blanca que se expandió rápidamente por la zona. Bastó una chispa para desencadenar lo inevitable: explosiones sucesivas que convirtieron el sitio en un infierno. Las llamas alcanzaron viviendas cercanas, vehículos y a transeúntes que no tuvieron tiempo de huir. El saldo fue devastador: 31 fallecidos y decenas de heridos, 12 de los cuales permanecen hospitalizados incluso semanas después del incidente.
Este accidente no fue un caso aislado. Durante años, la Ciudad de México ha sido testigo de diversos percances relacionados con el transporte de materiales peligrosos, pero ninguno había alcanzado estas dimensiones. La magnitud de la catástrofe obligó tanto al gobierno federal como al local a reconocer que la regulación vigente presentaba vacíos críticos. La presión social y la indignación ciudadana se hicieron sentir: familias enteras exigían justicia y, sobre todo, garantías de que algo así no volvería a repetirse.
La respuesta llegó apenas 20 días después. El 30 de septiembre, en el histórico Antiguo Palacio del Ayuntamiento, la jefa de Gobierno Clara Brugada compareció para anunciar un plan integral que revolucionaría los estándares de seguridad vial en materia de transporte de sustancias peligrosas. “Lo que buscamos es garantizar un transporte seguro mediante controles más estrictos, rutas definidas y sanciones que realmente disuadan el incumplimiento”, declaró la mandataria capitalina ante un auditorio repleto de funcionarios y medios de comunicación.
Las 13 medidas que transformarán el transporte de sustancias peligrosas
El paquete de acciones presentado por Brugada no es superficial ni cosmético. Se trata de reformas profundas que implicarán cambios al reglamento de tránsito y otras disposiciones legales de la capital. El plan se estructura en cinco ejes fundamentales: límites de velocidad más rigurosos, definición de rutas y carriles exclusivos, restricciones horarias, reforzamiento de requisitos para permisos, y un esquema sancionatorio más severo con supervisión permanente.
Las 13 medidas específicas son:
- Límite de velocidad reducido: Máximo de 30 kilómetros por hora para todos los vehículos que transporten materiales peligrosos, significativamente inferior a los límites convencionales para reducir riesgos.
- Capacidad máxima restringida: Prohibición total de circulación para unidades con más de 40,000 litros de carga tóxica o inflamable, obligando a fraccionar embarques.
- Restricción en vías secundarias: Ninguna pipa con más de 10,000 litros de hidrocarburos podrá transitar por vías secundarias de la ciudad.
- Horarios limitados: Las unidades con más de 20,000 litros solo podrán circular entre las 22:00 y las 5:00 horas, en el periodo de menor actividad urbana.
- Vías de alta velocidad prohibidas: Queda prohibido el paso de transportes con sustancias peligrosas por vías de alta velocidad, priorizando seguridad sobre eficiencia.
- Multas duplicadas: Las sanciones se duplicarán para quienes incumplan cualquiera de las disposiciones establecidas.
- Radares móviles en accesos: Instalación de sistemas de monitoreo en los cinco principales accesos carreteros: México-Pachuca, México-Querétaro, México-Toluca, México-Cuernavaca y México-Puebla.
- Licencia E-12 reforzada: Exigencia de constancia del curso de manejo de sustancias peligrosas y capacitaciones autorizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
- Verificación Sener obligatoria: Dictamen obligatorio sobre cumplimiento de la NOM-007-SESH-2010 para cada unidad de transporte.
- Control técnico ASEA: Certificación de estándares técnicos y ambientales para todos los vehículos de transporte de sustancias peligrosas.
- Nuevos programas de Protección Civil: Términos actualizados para programas internos en empresas de distribución de gas y combustibles.
- Puntos de revisión estratégicos: Inspecciones aleatorias en zonas seguras designadas, evitando detenciones en áreas urbanas de alta densidad poblacional.
- Coordinación federal reforzada: Convenio con Sener y ASEA para operativos conjuntos y sanciones progresivas en casos de reincidencia.
Autorización para transporte de sustancias peligrosas: el nuevo estándar
El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, enfatizó que los controles se aplicarán mediante operativos interinstitucionales con supervisión externa que garantice transparencia y legalidad. “Debido al alto riesgo que representa esta carga, los vehículos no podrán ser detenidos en zonas urbanas densas. Serán canalizados hacia áreas de baja exposición para su inspección exhaustiva”, explicó el funcionario.
Este nuevo esquema de autorizaciones se alinea perfectamente con las disposiciones federales. Días después del anuncio capitalino, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó la Nueva Regulación de Seguridad para transporte y distribución de Gas LP, que consta de dos normas emergentes: la NOM-EM-006-ASEA-2025 para transporte y la NOM-EM-007-ASEA-2025 para distribución.
Aunque ya existía la NOM-007-SESH-2010 para materiales peligrosos, el gobierno federal reconoció que agrupaba transporte y distribución sin diferenciarlos adecuadamente. Las nuevas normas complementan la anterior al establecer criterios específicos para cada actividad. Este marco normativo fue desarrollado de manera conjunta por la Secretaría de Energía, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente.
Clara Brugada subrayó que la Ciudad de México alineará completamente su reglamento con estas disposiciones federales, creando así un sistema integral de seguridad. La jefa de Gobierno también convocó a la ciudadanía a “participar activamente en la construcción de una cultura de prevención y reporte de anomalías”, reconociendo que la supervisión ciudadana será fundamental para el éxito de estas medidas.
El camino que inició con la tragedia de Iztapalapa ha derivado en la transformación más profunda del marco regulatorio para sustancias peligrosas en décadas. Las 31 vidas perdidas aquel 10 de septiembre exigen que estas medidas no queden en papel, sino que se traduzcan en calles más seguras y empresas más responsables. Solo el tiempo dirá si este paquete de acciones logra prevenir futuras catástrofes.
